Etna Estrems dijo “regulinchi”

 Y tenía razón. No ya por el asunto concreto al que se refería con esa expresión, sino por la calidad del debate completo en que se dijo. Regulinchi. Muy regulinchi.

Hablamos de un asunto del Congreso, digamos, funcional. No de la Amnistía, de Ábalos o de Peinado. Era una cosa, insistimos, funcional. Pues se trataba de la Proposición de Ley que presentó el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para modificar la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, al objeto de evitar que “cualquier tipo de vicio procedimental, por insignificante que sea” de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística (singularmente de los planes generales) “provoque su nulidad” y obligue a empezar todo desde el principio. Se debatió el 25 de febrero de 2025. ¿Cómo fue?

1. Lo que se pretendía era “modular, flexibilizar y encontrar puntos de equilibrio en la aplicación de un orden jurídico que está primando rígidamente el principio de legalidad sin tener en cuenta cómo confluyen también en el mismo los principios de conservación, de proporcionalidad, de confianza legítima, de eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas, de protección de terceros y, desde luego, de seguridad jurídica”. Un objetivo ampliamente demandado (por expertos, ayuntamientos, once comunidades autónomas o la propia FEMP) desde hacía ya bastantes años. La tramitación de los planes urbanísticos habitualmente lleva 8-10 años, y no parece lógico que haya que volver a empezar todo el proceso cuando, al final, se haya observado algún defecto menor, subsanable.

Pero, junto a esta cuestión, “adicionalmente”, también se pretendía modificar “el régimen de impugnación mediante la acción pública cuando se trata de vicios estrictamente formales”. Y por ello se planteaba, en la proposición del PNV, exigir que, para llevar adelante tales impugnaciones, tuviesen “relevancia e influencia sobre los aspectos sustantivos de los instrumentos de ordenación”.

2. Junto a todo ello, como siempre, debían tratarse una serie de aspectos “instrumentales” o anexos que, relacionados con los anteriores objetivos, también parecía necesario corregir. Por ejemplo, sobre los “informes sectoriales” que las distintas administraciones tienen que evacuar sobre lo planificado. O sobre indemnizaciones, el silencio administrativo, etc. De hecho, el PP, al hablar de esta cuestión, aseguró que el texto analizado se quedaba corto, y que para hacerlo realmente efectivo había que modificar varias leyes más.

3. La proposición fue ampliamente derrotada en el debate del Congreso. Se rechazó por 186 votos en contra (entre los que se contaban los del PP, Junts, ERC, Bildu, Sumar, UPN y Podemos), frente a 124 a favor (del PNV, proponente, los del PSOE -anterior proponente, junto al PNV-, y el de Coalición Canaria) y 34 abstenciones (de Vox y de Néstor Rego, del BNG). Creemos que tiene interés revisar el debate, analizando, en primer lugar, qué se dijo concretamente sobre el objeto de la Proposición de Ley presentada. Pues, por de pronto, la gran mayoría de los intervinientes consideraba necesario atender al objetivo al que la ley apuntaba. “El texto en sí tiene base lógica” (PP). “Bienvenida sea toda fórmula… para evitar la paralización de los PGOUs” (Vox). “Parece razonable” (Bildu). “Podríamos estar de acuerdo”… si se debatiese en el Parlamento Catalán (Junts). “Es un texto solvente” (Sumar). Aunque nuestra amiga Etna Estrems (ERC) opinaba que “como estrategia de progreso parece regulinchi”. Pero lo cierto es que ninguno de los citados votó a favor.

4. Solo hubo un grupo que, aunque consideraba «solvente», seria, la propuesta, recelaba abiertamente, no solo de la solución que se diseñaba, sino incluso de la finalidad de la Proposición de Ley. Pues, en efecto, Sumar entendía que, por supuesto, “muchas veces es un pequeño tema formal; yo no voy a ser hipócrita y voy a decir que eso es mentira; pero es que, cuando uno está luchando contra poderosos, quizás solamente le queda esa herramienta para poder hacer de contrapoder«. Y lo justificaban citando algunos casos conocidos. «Gracias a esto, pudimos parar la demolición del barrio del Cabanyal en Valencia, pudimos hacer que el Algarrobico no continúe en pie en Almería, que la Marina de Cope en Murcia no esté completamente asfaltada”. Claramente este Grupo estaba en contra de reducir el poder de defensa que la judicialización de esos posibles defectos formales menores pudiera tener. Pues se trataba, decían, de “dar herramientas al pueblo y quitárselas a los poderosos”.

5. Los demás grupos que rechazaron la propuesta no apuntaban por ahí, hacia el asunto que se debatía. Sino que iban a por la mayor. A por el sistema urbanístico vigente. Lo importante, parecían decir, no era que se actuase despacio o con disfunciones, sino que las cosas fuesen como eran, como son. Y por ello, aprobar una ley que no modificase lo esencial de ese sistema sería, por decirlo de alguna forma, perder el tiempo. El PP, además, quería tramitar su propia ley. “Nosotros siempre estaremos a favor de la seguridad jurídica, pero no de los parches de este gobierno”.

Vox (que empezó haciendo un resumen estadístico de las características del parque de viviendas existente) pensaba que “faltan casas y faltan grúas, y una clase dirigente que piense en el país a largo plazo (…), en los consensos que aquí ha habido sobre la organización territorial desquiciada (y) sobre traer y traer cada vez a más gente sin decir y sin tener claro dónde van a poder alojarse y dormir”. Por lo que pedía “abrir el melón de la densidad”. Junts se centraba en que estamos hablando de competencias exclusivas de Cataluña. ERC pedía “no construir más y más. No es una solución mágica. La vivienda no se comporta, respecto a la oferta y la demanda, como otros mercados”.

Bildu prefería hablar de las plusvalías que obtiene un propietario de suelo. “¿No sería mejor que (…) determináramos, por ejemplo, que solo hubiera un suelo mínimo y común del 20% destinado a vivienda de protección, que es lo que dice el artículo 18, y a partir de ahí que cada comunidad autónoma lo elevara al 30, al 35 o al 40%?” Esa sería “la pieza, la clave de bóveda”. Podemos advertía que “a veces se tardan años” en descubrir algunos “pelotazos urbanísticos”. Sumar, se centró en el supuesto, por algunos, “derecho a la expectativa urbanística”: “Esto es lo que deberíamos estar ahora mismo intentando resolver. Y que, sin duda, esta propuesta no aborda”. Por supuesto, todos hablaron también de más cosas. Pero desagregadas del guión principal del debate. Sin vincularse a ninguna línea argumental planteada inicialmente.

6. Y para aderezar todo ello, una buena serie de eslóganes y chascarrillos. Claramente, el PNV y Junts fueron los menos graciosos. CC habló de las trincheras: “Tenemos que abandonar las trincheras”. El PSOE citó a Tierno Galván: “La vivienda no debe ser un lujo, sino un bien accesible a todos”: ¿añadía algo? El PP concluyó que “este tema es una maqueta a escala de la chimenea, el humo y la propaganda de este Gobierno”. A ERC le preocupaba que esta ley nos “devolviese a las épocas en las que, al servicio de la especulación, se rebajasen las garantías ciudadanas en los procesos administrativos y urbanísticos”. Vox, por su parte, prevenía, a su modo: “Algunos no se bajarán de la burra hasta que no haya infravivienda en cada esquina”. Sumar pensaba que “con esta ley, hurtando la acción popular, se toma bando por Goliat y le quitan a David la honda”. Caramba.

Pero por encima de todos, Podemos. Lo que la Proposición de Ley plantea es, para Podemos, “como si a una la pillan copiando en un examen y el profesor le dice: Mira, no, corrige esto y sigue adelante; vamos a hacer como que no ha pasado nada”. Porque va a facilitar “un urbanismo sin control, sin reglas, la barra libre y la ley del lejano oeste”. Pues habla de errores formales. “Y esto, ¿qué quiere decir, en cristiano? Que si un ayuntamiento aprueba un plan de vivienda sin, por ejemplo, haber hecho una consulta ciudadana antes, ahora se podría anular, pero con esta ley simplemente se les pone una multita y p’alante». Más: «Es como si tú coges a un ladrón robándote la cartera en la que tienes 300 euros y, como le pillas, te dice: ¡Ay!, perdón. Te devuelve 30 euros, pero se queda con la cartera. Así, en resumen”. Está claro. Por tanto, insiste Podemos, “va a ser casi más rápido solicitar un proyecto urbanístico que pedir una pizza a domicilio”. En fin.

7. Conclusión: Ciertamente, con poquísimas excepciones, no se ha debatido lo que se proponía. La mayoría no ha querido hacerlo porque entiende que el sistema urbanístico vigente es perverso, y que por tanto no merece la pena promover su mayor eficacia. Solo en un caso se dice, explícitamente, que ese tipo de actuaciones “burocráticas” (anular un plan por algún defecto menor) pueden tener sentido para defender la acción popular. Pero la gran mayoría de los intervinientes no lo veían así. Lo que planteaban era cambiar la legislación urbanística en general. O que si afecta a Cataluña se hiciese desde allí. O que la iniciativa sea nuestra (es decir, del PP). De nada vale que puedan presentarse enmiendas (que incluso el PNV, proponente, reconoció que pensaba plantearlas). Estamos, por lo tanto, delante de una enorme pérdida de tiempo y de esfuerzos.

Y, a más a más, podríamos decir que lo peor son las contaminaciones. Es decir, los temas añadidos, que no vienen a cuento. Si hay que hablar de densidad, pues se dice, mediante una propuesta, y lo hablamos todos. ¿Del porcentaje de VPO o de las expectativas urbanísticas? Lo mismo. Argumentando con orden (propuesta, estudio, debate, enmiendas). Y, peor todavía, la colección de eslóganes, anécdotas y chascarrillos que no valen, ni siquiera, para un titularcillo de prensa. Verdaderamente regulinchi.